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Análisis

Por qué el alza de las materias primas amenaza la seguridad alimentaria más allá del petróleo

El informe de octubre del Banco Mundial, publicado el 28 de octubre, prevé un aumento del 23 % de los precios de las materias primas en 2026, impulsado principalmente por un encarecimiento del 32 % de la energía. Para los alimentos comercializados internacionalmente pro.

Campo de trigo fotografiado en 2025; imagen de contexto.
Campo de trigo fotografiado en 2025; imagen de contexto.
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El informe de octubre del Banco Mundial, publicado el 28 de octubre, prevé un aumento del 23 % de los precios de las materias primas en 2026, impulsado principalmente por un encarecimiento del 32 % de la energía. Para los alimentos comercializados internacionalmente pronostica una subida cercana al 10 % este año y otra del 7 % en 2027. Son previsiones, no resultados confirmados, y no equivalen directamente a la inflación de los supermercados de cada país.

La energía interviene en la fabricación de fertilizantes, el funcionamiento de maquinaria agrícola, la refrigeración y el transporte de cereales. Un encarecimiento persistente puede llegar a los hogares por varias etapas de la cadena alimentaria. El Banco Mundial espera que los fertilizantes suban un 14 % en 2026. Las interrupciones marítimas relacionadas con conflictos y un episodio intenso de El Niño añaden riesgos distintos para las cosechas y la distribución.

Los efectos serán desiguales. Los países que importan combustible y alimentos básicos afrontan presiones diferentes de las naciones exportadoras. Los tipos de cambio, aranceles, subsidios y cosechas nacionales también influyen en los precios locales. La FAO comunicó que su índice internacional de precios alimentarios aumentó un 1,5 % en septiembre: una señal de presión, no una predicción de la factura final de las familias.

En un escenario adverso, el Banco Mundial estima precios alimentarios un 12 % superiores a su escenario central si coinciden varios choques. Es una hipótesis condicionada, no el pronóstico principal. Los gobiernos deben vigilar los costes de transporte y fertilizantes además del petróleo, proteger a los consumidores vulnerables cuando sea posible y no confiar en que resolver un solo problema estabilice todo el sistema alimentario.