Reino Unido propone más controles para el reconocimiento facial policial
El Gobierno plantea un organismo independiente, pruebas contra sesgos y reglas más claras tras una consulta pública.
Créditos y licencia de la foto
Fotografía: Eliomak Consults & Engineering Ltd, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Archival/contextual photo; no endorsement implied. · Fuente de la imagen · Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 InternationalEl Gobierno británico anunció el 4 de noviembre de 2026 una propuesta para regular con mayor precisión el reconocimiento facial utilizado por la policía. Las medidas prevén una autoridad independiente de supervisión y requisitos más estrictos para proteger a la población. Se trata de cambios propuestos, no de normas que ya estén plenamente en vigor.
El organismo evaluaría tecnologías actuales y futuras, podría recomendar medidas correctivas y, en casos graves, solicitar una orden judicial para impedir el uso de sistemas que incumplan las reglas. El Ejecutivo también quiere pruebas independientes que detecten posibles diferencias injustificadas relacionadas con edad, género o raza.
Otra parte del proyecto exigiría que el reconocimiento facial en directo respondiera a información policial concreta y se utilizara de manera proporcionada. Los agentes tendrían que contar con motivos para creer que podrían encontrarse personas buscadas en una zona. Un código de prácticas establecería estándares operativos; se prepara además una orientación diferenciada para empresas que utilizan estas herramientas contra la delincuencia.
El Ministerio del Interior citó un ensayo realizado en Croydon entre octubre de 2025 y marzo de 2026, al que atribuyó 173 detenciones. También comunicó reducciones de determinados delitos durante ese período. Esos datos, sin embargo, no demuestran por sí solos que la tecnología explicara todos los cambios observados; la evaluación exige transparencia y análisis independiente.
El debate contrapone la posible utilidad para localizar sospechosos con los riesgos de vigilancia excesiva, identificaciones incorrectas y afectación a quienes no han cometido delitos. El alcance real de las garantías dependerá de la redacción final de la ley, de la independencia del supervisor y de su aplicación cotidiana.